En 1917, Venustiano Carranza, entonces encargado del Poder Ejecutivo, emitió el decreto por el que fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sustituyó a la de 1857. La nueva Carta Magna constó de nueve títulos con 136 artículos, entre los cuales incluyó tres que se refieren a derechos sociales (el 3 sobre educación, el 27 sobre la propiedad de la tierra y el 123 sobre el trabajo), algo inédito en la historia mundial. Además, abolió la reelección presidencial y la figura de vicepresidente.

Siete años antes, en 1910, había asumido la presidencia Francisco I. Madero, en la cual solo estuvo hasta 1913, cuando fue traicionado y asesinado por el general al que había nombrado como jefe de Plaza en la Ciudad de México, Victoriano Huerta. El militar usurpó el cargo y frente a esta situación el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, formó el Ejército Constitucionalista.

En 1914, Huerta fue derrocado y las fuerzas revolucionarias aceptaron que Carranza quedara de encargado del Poder Ejecutivo. Desde ese puesto, el coahuilense expidió el 14 de septiembre de 1916 el decreto para convocar a un Congreso Constituyente, que sería el encargado de reformar las leyes vigentes e incluir en la Carta Magna las demandas exigidas durante la Revolución.

El 1 de diciembre del mismo año, el Congreso Constituyente abrió sesiones en el Teatro Iturbide, en la ciudad de Querétaro; contó con la participación de diputados de todos los estados, pero excluyó a representantes de los grupos villistas y zapatistas, cuyas demandas sí fueron consideradas en las reformas. Por ejemplo, el artículo 27 legalizó el reparto agrario.

El 31 de enero de 1917, tras dos meses de debates, el Constituyente cerró sesiones y el 5 de febrero se promulgó la nueva Constitución, que entró en vigor el 1 de mayo.

De acuerdo con la nueva Carta Magna, la forma de gobierno se mantuvo republicana, representativa, democrática y federal. Se refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo (que quedó dividido en dos cámaras, la de Senadores y la de Diputados) y Judicial.

Se ratificó el sistema de elecciones directas, se dio mayor autonomía al Poder Judicial y más soberanía a los estados, además de que se creó se creó el municipio libre.

Entre otras garantías, la Constitución determina la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita, así como la jornada de trabajo máxima de 8 horas. Además, reconoce la libertad de expresión y la libertad de asociación de los trabajadores (es decir, los sindicatos).